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  • Inexistencia declaración de últimas voluntades ni herederos legítimos.

     

    STS 18 Julio 2006

     

    Se presenta un recurso ante el Tribunal Supremo para la declaración de error judicial del Juzgado de Primera Insatancia de Valencia sobre la declaración de herederos.

     

    Se alega que la Generalitat Valenciana se había adjudicado la herencia de la causante, fallecida el 27 de septiembre de 1992; que del error judicial se había tenido conocimiento el 27 de julio de 2004, al poder consultar las actuaciones y recibir copia del auto de fecha 18 de noviembre de1994.

     

    Alega que la adjudicación de la herencia a la Administración Valenciana era errónea porque en el procedimiento judicial se había solicitado un certificado de últimas voluntades no a nombre de la causante, sino que había habido un error en el apellido, y que la causante prima hermana del difunto padre del demandante, sí había otorgado testamento abierto el 3 de noviembre de 1992, instituyendo heredero y sucesor universal en todos sus bienes presentes y futuros a su primo hermano, con sustitución vulgar a favor de sus descendientes y  que el instituido había fallecido el 30 de diciembre de 1991, antes que la testadora, teniendo como único hijo y heredero al demandante, quien así resultaría ser el heredero legítimo de Dª Bárbara y que por lo tanto la Administración Valenciana se había quedado indebidamente con todo el caudal hereditario de la causante.

     

     

    La demanda se basó en los artículos 293.1 b), 292 y 293.1c) LOPJ, este último en relación con el artículo 1801 LEC, así como las letras a) y c) del art. 293.1 LOPJ, la última enrelación con los artículos. 509 y siguientes de la LEC.

     

    El Ministerio Fiscal dictaminó que acorde al artículo 512 LEC, dado que se impugnó el 18 de Noviembre de 1994,  había transcurrido el plazo legal de cinco años, por lo que declaró la inadmisión del recurso.

     

    Por providencia se adminitió a trámite la demanda.

     

    El Miniterio Fiscal dijo que el Juzgado que el oficio enviado al Registro General de Actos de Última Voluntad se había cursado con el nombre incorrecto, pero que en el certificado expedido por el mismo sí que estaba el correcto.

     

    Que tras hablar con el portero de la finca donde vivía la causante así como con una vecina se deducía que tenía un primo hermano que había venido de Madrid sin aportar más datos.

     

    Se procedió a publicar edicto llamando a los interesados en el Boletín Oficial de dicha Comunidad autónoma.

     

    En el informe se decía ignorar si en efecto la designación con apellido incorrecto al tiempo de ser redactado el certificado de últimas voluntades y conociéndose en el Registro que el apellido correcto era otro, había podido generar una información errónea no advertida por el Juzgado al recibir el certificado.

     

    El Abogado del Estado contestó a la demanda volviendo a alegar que estaba fuera de plazo. También alegó que el demandante no había agotado todos los recursos previstos en el ordenamiento jurídico como exige el artículo 293.1 de la LOPJ, pues no había ejercitado  la acción de reclamación de herencia que le correspondía por sustitución vulgar de su padre.

     

    El Tribunal dijo que no procede estimar la presente demanda sobre reconocimiento de error judicial por las siguientes razones:

    Según demuestra con toda evidencia el oficio con el que se remitió al Juzgado la certificación        del Registro de Actos de última Voluntad, no es cierto el hecho alegado en la demanda de que tal certificación se solicitara por el Juzgado con nombre distinto al de la fallecida. Se solicitó haciendo

    constar correctamente su primer apellido y fue en el propio certificado donde se produjo la equivocación. Por lo tanto, queda desvirtuado el hecho básico en el que la propia demanda cifra el error judicial cuya declaración se pretende.

     

    Se desplaza el caso examinado del ámbito del error judicial hacia el campo propio del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, o bien la responsabilidad patrimonial de la Administración.

     

    La mera alegación de la demanda de que el actor tuvo conocimiento de lo sucedido el 27 de julio de 2004 carece de soporte probatorio alguno, por lo que no puede aceptarse sin más por ser jurisprudencia reiteradísima de esta Sala que el plazo de tres meses establecido en el art. 293.1 a) LOPJ es de caducidad y que incumbe al demandante probar la fecha inicial de su cómputo para que no quede a su libre elección o disponibilidad.

     

    También dice que no puede ir a la sala sin haber agotado todos los recursos.

     

    Por lo tanto, el TS desestimó la demanda

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